Montevideo, 21 de febrero de 2024
Desde el comienzo de esta administración, incluso antes de que se decretara el alerta sanitaria, el gobierno resolvió tomar medidas de ajuste unen el Estado, que derivaron en un drástico deterioro de los servicios que se brindan a la ciudadanía, incumplimiento de cometidos en áreas estratégicas y como era de esperar, un enorme problema de organización del trabajo en varios incisos de la administración, con la consiguiente vulneración del derecho a trabajar en ambientes seguros y saludables a los trabajadores estatales de este país.
Con el decreto 90 del 11 de marzo de 2020, el gobierno redujo las inversiones, los gastos de funcionamiento e impidió el ingreso de personal en el Estado a rajatabla. Esto, que se resolvió sin el más mínimo análisis de la situación en la que se encontraba cada organismo lo que *complejizó* el normal cumplimiento de los cometidos de la gran mayoría de los Servicios de la Administración Central.
Desde COFE y desde cada sindicato filial, se intentó revertir de inmediato con planteos en los ámbitos de negociación, en muchos casos solicitando la excepción en el cumplimiento de este decreto, advirtiendo las consecuencias que traería para la población, fueron desoídos. Tuvieron que pasar muchas cosas para que de forma tardía, el gobierno fuera incorporando organismos del Estado a la lista de exceptuados para cumplir con el Decreto que había promulgado, como una de sus primeras medidas económicas al asumir.
Es así que a finales del año pasado, en la antesala del plazo constitucional para ingresar recursos humanos en la Administración Central (29 de febrero de 2024) y luego de aprobar su última rendición de cuentas, recién allí, el gobierno decide colocar entre sus prioridades, el ingreso de personal al Estado y gestionar los llamados de ingreso, que en su mayoría son estrictamente esenciales, habiendo varios organismos en los cuales y para ser más gráficos, se encuentran dificultades para contar con personal que integre los tribunales de concursos.
En este contexto, en los meses de diciembre, enero y lo que va de febrero y con plazos acotados apremiantes que limitan las garantías de la mayor difusión y oportunidad a las y los ciudadanos de presentarse y concursar para un cargo público. Nos vemos en la obligación de informar a la población en función de nuestra representación de funcionarios públicos e integrantes de los tribunales de concursos de ingreso como veedores, donde nuestro rol es garantizar la transparencia en el proceso de reclutamiento y selección para el ingreso a la función pública y el cumplimiento al Decreto 440/022 vigente que regula este proceso, que se han generado una serie
de irregularidades en varios lugares, las cuales fueron denunciadas por nuestros compañeros, algunas que se subsanaron y otras que no. A modo de ejemplo debemos decir que en uno de los Ministerios donde hemos detectado más complejidades es en el MTOP donde por ejemplo para el ingreso de funcionarios administrativos a nivel nacional se presentaron más de 10mil personas, para cubrir 165 vacantes, pero producto de la desprolijidad del procedimiento y seguramente de intencionalidades políticas, solo se pudieron *cubrir* 26 puestos, 7 en *Montevideo* y 19 en el interior, algo inadmisible por los recursos que se destinan a estos procesos.
Entendemos que estas desprolijidades atentan contra la transparencia del proceso y que facilitan el acomodo en el concurso, entre otras cosas porque se brindaron plazos imposibles para la presentación de la documentación, en varios casos dando solo 2 días a los inscriptos, razón por la que muchos ciudadanos quedaron afuera de los llamados.
Es importante para COFE dejar muy claro, que la tarea de todos los funcionarios que integran tribunales para el ingreso de nuevos trabajadores al estado, tanto de quienes participan por parte de la administración, como por los representantes de COFE en calidad de veedores, lo hacen y lo han hecho en su inmensa mayoría con un enorme compromiso y responsabilidad con la ciudadanía toda, debiendo realizar su trabajo fuera de horario, extendiéndose hasta altas horas de la noche para cumplir con las calificaciones y entrevistas a tiempo, generando un ambiente laboral tenso y sobre carga de tarea para cumplir con las funciones habituales en cada servicio.
Por este motivo ponemos en conocimiento a la población en general que en los lugares donde no se va a poder completar el llenado de las pocas vacantes que se habilitaron por Rendición de Cuentas, es absoluta responsabilidad del Poder Ejecutivo, no solo porque ha tenido una política deliberada de precarización en los contratos para favorecer el clientelismo, sino porque desmanteló el área especializada en la Oficina de Servicio Civil para el desarrollo y la democratización de ingreso de personal al Estado como era el programa Uruguay Concursa.
Desde COFE reivindicamos el fortalecimiento del programa Uruguay Concursa, no solo para acelerar los procesos de ingreso, sino también, para dar garantías a todos los concursos de ascenso que están en proceso en toda la Administración Central.
CONSEJO DIRECTIVO DE COFE