La Ley 16.616, establece que el INE tiene autonomía técnica. Sin embargo, depende institucionalmente de Presidencia de la República, a través de su dependencia jerárquica de la OPP, y esto evidentemente hace que esté en riesgo de verse sujeto a lineamientos políticos allí definidos.
Esta dependencia hace que debamos ser extremadamente celosos de su defensa como Organismo Público y como Institución del Estado que debe estar ajena a los vaivenes políticos.
En la actual Administración, la Dirección Técnica del INE ha definido y aplicado cambios en las metodologías de la Encuesta Continúa de Hogares (ECH) y en la medición del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Los cambios en la ECH se implementaron a partir de de 2021. Se pasó de entrevistar aproximadamente a 3800 hogares por mes con un formulario único y de manera presencial a realizar un panel rotativo de 6 meses de duración que implica que se entrevista a un hogar presencialmente 1 vez (con un formulario de implantación con un número de variables similar a la anterior ECH) y se lo sigue entrevistando durante 5 meses más, de forma telefónica (con un formulario con menos variables, donde ya no se pregunta por ejemplo, por educación e ingresos).
Ese cambio importa a la hora de publicar y generar los indicadores que brinda dicha encuesta, nada más y nada menos que los de mercado laboral, empleo, desempleo, los de ingresos de hogares de personas y, especialmente, las estimaciones de pobreza e indigencia que han sido utilizadas por diferentes actores políticos en estos últimos tiempos para justificar o promover sus posturas ante la opinión pública, realizando comparaciones asociadas a metodologías y periodos de tiempo que no son idénticos.
Desgraciadamente, la Dirección del INE se ha negado a brindar información al sindicato del Organismo respecto a la cantidad de encuestas efectivamente realizadas en este período (que dan origen a los indicadores que se publican), y paralelamente ha sometido a las/os trabajadores a un fuerte y negativo impacto en las condiciones de trabajo y salariales.
Mientras tanto, en el organigrama institucional de esta encuesta (que es un Departamento dentro de la División Estadísticas Socio demográficas del INE) ha desaparecido en los hechos una Sección entera: Control de Calidad. En el proceso de reestructura de esta División los nombramientos directos y discrecionales, sin concurso, siguieron siendo la tónica de la Administración. No así la transparencia para brindar información en el marco de la negociación colectiva ni a la población, a la cual, por ejemplo, no se la ha informado del objetivo de solicitar el documento de identidad a la hora de ser entrevistada.
Paralelamente a estos cambios en la ECH, se han comenzado ahora a instrumentar cambios en la metodología y las bases para la medición del IPC.
Recordamos que el IPC es un elemento fundamental a la hora de negociar y definir, por ejemplo, pautas salariales a nivel público y privado.
Sobre estos cambios, la Dirección del INE también se ha negado a proporcionar información al sindicato del Instituto, con el argumento de que no tenía aún definido su alcance y forma. Sin embargo, se han ido en los hechos ejecutando acciones para conformar una nueva base para la medición de este índice, que según se ha comunicado a las/os trabajadores implicados en el relevamiento de datos, significará una reducción de sus cargas de trabajo, tanto por la disminución de la cantidad de unidades a relevar (comercios en este caso), como por la implementación de un sistema de formularios auto administrado para determinadas empresas donde las mismas registrarían la información y la enviarían al INE vía web.
Desconocemos (y lo desconocen las/os trabajadores del Instituto) si hay previsto un control de la veracidad y calidad de los datos así obtenidos. La información que sí tenemos, es la que ha sido transmitida por la Dirección a las/os trabajadores en instancias funcionales, y es que las cargas de trabajo disminuirían en promedio en el entorno del 50%.Lo que implicaría que el relevamiento directo de precios para calcular el IPC, realizado por funcionarios del Instituto, disminuiría en la misma proporción.
Es por todo ello que al día de hoy se generan grandes dudas acerca de los resultados que se están obteniendo a partir de estos cambios metodológicos, en un marco donde más allá de los elementos técnicos, el modelo de gestión en una Institución de suma importancia en la vida del país se ha distinguido por la exposición pública permanente mientras al interior de la misma hace de la discrecionalidad y la opacidad una marca distintiva de su accionar.
El proceso de aplicación de estos cambios ha sido por lo menos accidentado, en el afán de la Dirección del INE de imponer un nuevo modelo de gestión dentro del Instituto, sin negociación colectiva, con nombramientos directos y discrecionales y sin respetar la carrera administrativa; todo lo cual ha sido y es denunciado por el sindicato del Instituto (AsEEC).
Nos preocupa el desconocimiento de la negociación colectiva establecida por Ley, pues hace a las condiciones en las que trabajadoras/es realizan su tarea, y esas condiciones obviamente impactan en el desarrollo de la tarea. Específicamente en este sentido, que funcionarios que a pesar de tener escalafón y grado sean destajistas habla de una situación de precariedad e inestabilidad en sus ingresos inaceptable para quienes son los encargados de relevar y manejar información oficial y confidencial en el inicio de los procesos.
Finalmente, nos preocupa y alertamos a la sociedad y especialmente a los actores políticos a estar vigilantes en la defensa de las estadísticas públicas de calidad, defendiendo para ello la institucionalidad y la normativa que garantizan la transparencia y los derechos, y que han hecho del INE una Institución reconocida por su trabajo y productos y por ser independiente de lineamientos políticos de los diferentes gobiernos.