El gobierno SÍ le metió la mano en el bolsillo a los trabajadores, jubilados, pensionistas y a los que menos tienen.
Dijo el presidente Luis Lacalle Pou en su presentación al parlamento: “Se hizo una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos y no se le metió la mano en los bolsillos a los uruguayos».
De acuerdo a su informe también menciona: “La cantidad de vínculos laborales con el Estado se redujo en casi 5.000 entre el 2021 y el 2020 (1,59% del total) y en más de 8.000 con respecto a 2019 (2,64% del total)”.
El desmantelamiento del Estado, con la caída del gasto público y la reducción de personal, afecta a todas las y los uruguayos y especialmente a aquellos que tienen menores recursos y debe satisfacer necesidades básicas a través de los servicios públicos. A éstos uruguayos, también le metieron la mano en el bolsillo.
Una de las primeras medidas de recorte adoptadas por el Gobierno, es el Decreto 090/020 del 11 de marzo de 2020. A través de esta disposición el Poder Ejecutivo aplicó un fuerte ajuste de gastos para la Administración Central y exhortó y recomendó su aplicación en todas las demás entidades del Sector Público. Fijó un techo a la ejecución presupuestal para el Ejercicio 2020, de 85% de los créditos comprometidos del Ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones.
También estableció una fuerte reducción de personal: prohibiendo proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y fijando que solo se pudiesen ocupar un tercio de los que se generaran a partir del año 2020 (lo cierto es que en los hechos, no han existido casi ingresos de funcionarios en la Administración Central). Con la excepción del personal docente; profesional técnico y especializado de la salud, del personal dependiente del Ministerio del Interior abocado directamente a funciones de seguridad. El 28 de abril, a través del decreto N° 135/020, el Poder Ejecutivo agregó a las excepciones al personal militar.
En el año 2021 a través del decreto N° 310/021el Gobierno ratifica la política de reducción de personal.
La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal y un tope de 60% del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto. Ésta decisión
implicaría la expulsión de miles de trabajadores, que si hoy mantienen sus vínculos vigentes es porque sus servicios resultan fundamentales para garantizar la calidad de los servicios públicos.
La reducción de personal afecta fuertemente a las y los trabajadores del Estado, que deben trabajan más, para cubrir la reducción sustancial de personal y en peores condiciones operativas por la falta de insumos y de inversiones.
El Presidente muestra con gran satisfacción que mejoran los resultados fiscales, a costa de la reducción de los salarios de las y los trabajadores y de las pasividades.
El Gobierno SI le metió a la mano en el bolsillo a la inmensa mayoría de las y los uruguayos:
_ Rebajó los salarios en forma masiva tanto en el sector público como en el sector privado. Por dos años en forma consecutiva, el salario real cayó, por lo que existió pérdida de poder adquisitivo.
_ Solamente en el sector público, el recorte del gobierno en 2021 con la reducción salarial del 5%, fue de aproximadamente 180 millones de dólares (estimado a partir de los Resultados del Gobierno Central y las Empresas Públicas a noviembre de 2021). En 2022 volverá a obtener un “ahorro” similar acrecentado con el 0,96% de pérdida salarial. El “ahorro” acumulado en 2021 y 2022 será de aproximadamente 400 millones de dólares.
_ La pérdida salarial de los trabajadores es mucho mayor, porque la caída de poder adquisitivo aumenta en forma acumulativa mes a mes, hasta que se produzca el ajuste en 2023. En efecto, el salario siguió perdiendo poder adquisitivo, en enero la inflación alcanzó el 1,78%.
El Gobierno también rebajó las jubilaciones y pensiones, y en sus dos años de gestión las mismas se ajustaron por debajo de la inflación.
_ El Gobierno también ha aumentado los impuestos al reducir la devolución de IVA de 4 a 2 % para las compras con tarjeta de débito.
_ El mecanismo de aumento del costo de los combustibles aprobado en la LUC impulsará la inflación y las pérdidas de salarios y pasividades.
Como contrapartida hay unos pocos uruguayos, los “malla oro”, que continúan engrosando sus bolsillos y que el Gobierno de coalición quiere “estimular”, que concentran la mayor parte de la riqueza de nuestro país y aumentan sus ingresos, sus millonarias cuentas bancarias y a los cuales no se les metió la mano en el bolsillo, ni siquiera en el peor momento de la crisis sanitaria.
Contra la política de ajuste del Gobierno, en rechazo a la rebaja salarial, de jubilaciones y pensiones, contra el desmantelamiento de los servicios públicos, para que no nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, es que convocamos a votar SI el próximo 27 de marzo y derogar los 135 artículos de la LUC.